1. ARTÍCULO: Irresponsabilidad del Ministerio Público ante caso Yuniol Ramírez.

Se necesita de la  ética pública para arraigar todo acto de corrupción.

Manuel Rivas: imputado

Por Keysa Leger 01/12/2020

El Ministerio Público, encargado de materializar las leyes y ejercer la acción penal en el país, ha dejado una brecha de irresponsabilidad ante la acusación formal de los imputados en el caso del asesinato del maestro Ramírez. Asimismo, ha proporcionado una información subjetiva, debido a la falta de pruebas presentadas (la omisión del charco de sangre) en su acusación, que nos conduce a cuestionarnos si para ellos los verdaderos culpables son los imputados o el asesinado.

Es una barbaridad que nuestro ente de justicia sea el principal malabarista en este caos procesal. Dicha institución debe cumplir con los pautas establecidas por la ley registradas en nuestra Constitución. De igual forma, es indignante el hecho de que, a estas alturas, no han aplicado el artículo 161 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, referente a la extradición de uno de los imputados del caso: Argenis Contreras.

Por tanto, es paradójico que este organismo de justicia no concrete la aplicación objetiva de la ley y que priorice intereses políticos gubernamentales antes que la justicia que debe caracterizarlos. La honradez de nuestros entes judiciales se pone en tela de juicio al abordar temas como este, donde la vida de la víctima Yuniol Ramírez es vulnerada por la irresponsabilidad del Ministerio Público al embrollar el caso penal.

En un intento de descifrar la acusación presentada por el Ministerio Público, nos damos cuenta de que el país está minado de seres corruptos, perversos e inmorales, porque no presentaron las pruebas suficientes que fueron asistidas por los medios de comunicación, no extraditaron al imputado y abordan la investigación de una manera irresponsable al presentar a los acusados como inocentes.

En suma, no es más que un cáncer procesal y una evidencia de la incapacidad e incompetencia de la justicia para solventar debidamente este delito, protegiendo insolentemente sus intereses y omitiendo lo estipulado por la ley.